La administración del presidente Javier Milei puso en marcha una ambiciosa estrategia de negociación política con el propósito de trasladar el ordenamiento de las cuentas públicas y el alivio fiscal hacia el interior del territorio nacional. El ministro de Economía Luis Caputo ratificó el inicio de los contactos formales con diversos mandatarios provinciales para confeccionar un nuevo Consenso Fiscal de alcance federal destinado a coordinar una reducción sistemática de la presión tributaria en los tres niveles del Estado. El anuncio oficial se concretó en el marco de una presentación de las metas macroeconómicas del Palacio de Hacienda donde se detalló el cronograma de quita gradual de los derechos de exportación para los sectores productivos que operan en los mercados internacionales.
La preocupación central del equipo económico radica en que los esfuerzos fiscales realizados por el Tesoro Nacional para desregular el comercio exterior terminen siendo neutralizados por los gravámenes aplicados en las jurisdicciones locales. Las autoridades nacionales orientarán los principales ejes del debate hacia la modificación del impuesto a los Ingresos Brutos y la proliferación de tasas de seguridad e higiene municipales que encarecen la logística y la producción de las empresas. Al evaluar la viabilidad de la propuesta y los incentivos financieros que recibirán las administraciones provinciales el ministro Caputo explicó que la menor carga sobre los despachos de aduana potenciará la rentabilidad de las firmas elevando de manera indirecta la recaudación del impuesto a las Ganancias que es un tributo coparticipable.
Durante la rueda de prensa con los medios especializados el titular de la cartera económica ejemplificó la distorsión del esquema impositivo subnacional describiendo las asimetrías de costos que restan competitividad a los principales complejos industriales frente a sus competidores de la región. Ante la consulta directa sobre los plazos previstos para plasmar el documento definitivo el funcionario nacional confirmó la aceleración de las gestiones políticas destinadas a unificar los criterios fiscales antes de la finalización del presente año legislativo: “Estamos hablando con algunos gobernadores ya para hacer esa convocatoria”. El espíritu de la medida busca emular los lineamientos de la reforma impositiva implementada durante el período presidencial de Mauricio Macri.
En el mapa de las provincias del norte argentino la provincia de Chaco se anticipó a la convocatoria de la Casa Rosada mediante la sanción de un paquete de leyes de alivio fiscal que introdujo modificaciones sustanciales en su estructura de recaudación interna. A partir del primero de enero de este año la gestión chaqueña dispuso una reducción neta de la alícuota general y mayorista del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que descendió del 3,2% al 2,9% ubicando al distrito entre los de menor presión tributaria del país. El plan provincial contempló además la baja de los cánones para el sector asegurador, la exención del Impuesto Inmobiliario Rural y la prórroga de los beneficios en las contribuciones patronales para el agro.
La iniciativa del Poder Ejecutivo cosechó el respaldo inmediato de las autoridades de la Unión Industrial Argentina quienes mantuvieron una sesión de trabajo con el secretario de Coordinación Productiva Pablo Lavigne para transmitirle la urgencia de reducir los costos logísticos, financieros y laborales que condicionan la reactivación de las fábricas. El sector manufacturero manifestó su preocupación por la lenta recuperación de la actividad fabril aunque los técnicos ministeriales confían en que el indicador general exhibirá una marcada mejora durante el segundo semestre de este año impulsado por la paulatina normalización del consumo masivo. Los gobernadores analizarán el borrador del nuevo Consenso Fiscal en las próximas semanas evaluando el impacto definitivo sobre sus coparticipaciones antes de estampar la firma.
