La crisis institucional y civil que atraviesa el Estado Plurinacional de Bolivia sumó un capítulo de máxima gravedad tras las declaraciones formuladas por las más altas esferas del Poder Ejecutivo contra la conducción de los sectores cocaleros. El portavoz de la presidencia boliviana José Luis Gálvez denunció de manera explícita la puesta en marcha de una estrategia de desestabilización política coordinada por el expresidente Evo Morales para convulsionar el entramado social a escasos seis meses de la asunción del presidente Rodrigo Paz. La administración central advirtió que la parálisis de las principales autovías del país no responde a reclamos gremiales legítimos sino a un intento de forzar una ruptura del orden constitucional mediante el uso de herramientas violentas.
La intransigencia de las protestas viales que mantienen bloqueados los accesos estratégicos en los departamentos de La Paz, Oruro y Cochabamba derivó en una catástrofe sanitaria y humanitaria de proporciones inéditas para la región. Las restricciones a la circulación vehicular impidieron el ingreso regular de alimentos frescos, combustibles y suministros de oxígeno medicinal indispensables para el funcionamiento de las guardias hospitalarias en la sede de gobierno y en la ciudad de El Alto. En una entrevista concedida a medios de comunicación de alcance continental el funcionario gubernamental confirmó el fallecimiento de cuatro personas atrapadas en las rutas incluyendo un menor de doce años que no pudo recibir atención especializada.
Al evaluar la responsabilidad civil y penal de los dirigentes que comandan los cortes de carretera frente a la pérdida de vidas humanas y la violación de los derechos humanos el portavoz del Palacio Quemado diferenció el accionar de las fuerzas estatales del asedio perpetrado por los manifestantes. Durante su intervención radial el vocero presidencial describió el trágico desenlace padecido por los pacientes crónicos en medio de la parálisis del transporte terrestre: “Los cuatro muertos no son muertos por uso de la fuerza constitucional de la policía o las fuerzas armadas, sino que lamentablemente son fallecidos por los cortes de carretera tan rígidos”. Gálvez especificó que los decesos se produjeron dentro de las ambulancias.
En el plano judicial las autoridades del Ministerio de Gobierno ligaron de manera directa la virulencia de las protestas con la situación procesal del exjefe de Estado quien enfrenta severas acusaciones penales en los tribunales ordinarios. La gestión del presidente Paz sostiene que Morales utiliza la movilización de sus bases campesinas como un mecanismo de chantaje político para eludir las órdenes de comparecencia dictadas en expedientes que investigan delitos graves de estupro y trata de personas. Ante esta situación la justicia boliviana ya formalizó la emisión de mandamientos de aprehensión contra las primeras líneas del sindicato agrario bajo cargos de homicidio culposo y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Para mitigar los efectos del desabastecimiento alimentario la cancillería boliviana coordinó un operativo de asistencia internacional recibiendo el soporte técnico de la Fuerza Aérea Argentina mediante el envío de un avión de carga que traslada provisiones desde Santa Cruz de la Sierra. La administración gubernamental ratificó además un giro radical en sus relaciones exteriores priorizando la integración con el bloque democrático occidental y abandonando los tradicionales alineamientos ideológicos con Cuba, Venezuela, Rusia e Irán. En las próximas horas las fuerzas armadas y la policía nacional desplegarán brigadas con armamento no letal para consolidar la apertura de un corredor humanitario en las carreteras.
