La investigación por el brutal femicidio de Lorena Romero, ocurrido en 2019 en Resistencia, dio un giro significativo tras casi siete años de parálisis. La fiscal Noel Benítez ordenó la reapertura del caso impulsada por una nueva pericia genética sobre un resto óseo y la revisión de evidencias recolectadas durante los primeros días del análisis original.
Lorena, de 21 años, desapareció el 10 de junio de 2019 tras salir de su casa en Villa El Dorado; seis días después, partes de su cuerpo aparecieron flotando en aguas del río Paraná, en Santa Fe. Aunque la autopsia descartó el ahogamiento y reveló múltiples fracturas, la falta de coincidencias en las pruebas de ADN iniciales permitió que los sospechosos recuperaran su libertad en aquel entonces.
La fiscalía busca realizar una comparación directa con los restos de la joven, corrigiendo un interrogante de la instrucción previa donde solo se habían cotejado perfiles genéticos con los padres de Lorena.
Además del estudio óseo, la Justicia puso bajo la lupa nuevamente una amoladora secuestrada en 2019 en la vivienda de un amigo del principal sospechoso. También se están analizando nuevos registros de posicionamiento telefónico para intentar vincular de manera material a los imputados con el recorrido que realizó la víctima antes de ser asesinada.
Actualmente, cinco personas permanecen imputadas, incluyendo a su exnovio Ezequiel Ramos como principal sospechoso de homicidio doblemente agravado. Mientras la defensa sostiene que no existen pruebas concluyentes contra sus clientes, la familia de Lorena aguarda con esperanza este nuevo avance científico para finalmente alcanzar la justicia que reclaman desde hace siete años.
