Este lunes, el fiscal general de la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, retiró el pedido para que Cristina Fernández de Kirchner cumpla su condena por la causa Vialidad en una cárcel. La decisión fue presentada minutos antes del inicio de una audiencia en la que las partes iban a debatir las condiciones de detención de la ex presidenta.
Con esta postura, Villar se apartó del criterio de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían apelado la prisión domiciliaria otorgada a la ex mandataria. De esta manera, la Cámara de Casación ya no podrá pronunciarse sobre un eventual traslado a un penal, y Cristina Kirchner continuará cumpliendo la pena de seis años bajo arresto domiciliario.
En su escrito, Villar sostuvo que una eventual revocación de la prisión domiciliaria implicaría “un retroceso en la modalidad de ejecución” y podría impactar negativamente en el “desarrollo personal y el proyecto de vida” de la condenada. Sin embargo, mantuvo el pedido para que la ex presidenta sea trasladada a otro domicilio, al considerar que su actual residencia en la calle San José genera inconvenientes a los vecinos y expone riesgos para su seguridad, especialmente por sus frecuentes salidas al balcón.
Además, el fiscal ratificó la necesidad de que Cristina Kirchner continúe usando una tobillera electrónica, en oposición al planteo de la defensa. Señaló que ningún juez puede exceptuar su uso sin contar con los informes técnicos requeridos por la normativa vigente.
Los planteos fueron analizados en una audiencia convocada por la Cámara de Casación, donde participaron los abogados Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, junto al fiscal Villar. A partir de ahora, los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña tienen cinco días hábiles para resolver, aunque se espera una definición durante esta misma semana.
