El andamiaje regulatorio de la industria alimenticia argentina se encamina hacia un profundo debate legislativo tras la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de desmantelar el actual sistema de advertencias nutricionales. El Gobierno formalizó el envío al Congreso de la Nación de un proyecto de ley orientado a derogar en su totalidad la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N° 27.642, aprobada originalmente en 2021. La iniciativa, que ingresó formalmente por la Mesa de Entradas del Senado de la Nación, lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones, abriendo una fuerte discusión sobre las políticas de salud pública y comercio interior.
El texto oficial esgrimido por la Casa Rosada sostiene que la aplicación del modelo de la Organización Panamericana de la Salud evidenció fallas operativas crónicas que justifican su sustitución por un esquema menos restrictivo. La propuesta gubernamental prevé una remoción total del articulado vigente desde el primer día de su publicación en el Boletín Oficial, lo que implicará la desaparición de los tradicionales octógonos negros de los envases. Asimismo, quedarán sin efecto las prohibiciones vigentes sobre el uso de personajes infantiles o celebridades en los paquetes, las restricciones publicitarias en medios de comunicación y las limitaciones para el ingreso de determinados productos en las cantinas de los entornos escolares.
La crítica central de la administración libertaria apunta contra el carácter binario del sistema actual, el cual califica como un mecanismo punitivo que homogeneiza matrices alimentarias disímiles sin ponderar las porciones de consumo real ni la densidad nutricional de cada insumo. Desde la óptica oficial, la rigidez metodológica plasmada en la normativa impide una diferenciación clara entre los alimentos tradicionales y los ultraprocesados, desincentivando la reformulación gradual de contenidos por parte de los laboratorios corporativos. Ante las consultas parlamentarias, las autoridades del Palacio de Hacienda defendieron la necesidad de migrar hacia estándares globales flexibles: “El mensaje enviado al Parlamento advierte que la falta de armonización regional en materia de rotulado frontal genera trabas operativas dentro del Mercosur”.
Las asimetrías regulatorias con los socios comerciales del bloque regional, principalmente Brasil, operan como otro de los fundamentos macroeconómicos del proyecto de derogación. Los técnicos del Poder Ejecutivo señalaron que la obligación de confeccionar envases diferenciados para el mercado local encarece los costos logísticos de producción, afectando de manera desproporcionada a las Pequeñas y Medianas Empresas alimenticias y propiciando un escenario de concentración de mercado en favor de las grandes multinacionales. La presentación oficial cuestiona además que se hayan incluido pautas estrictamente técnicas dentro del texto de la ley, bloqueando la capacidad de la autoridad de aplicación para dictar actualizaciones ágiles frente a los nuevos consensos de la ciencia.
Con el objetivo de neutralizar las críticas de los colectivos de defensa del consumidor, el Ministerio de Salud aclaró de forma taxativa que la eliminación de los sellos negros no implicará un apagón informativo respecto a los componentes de las mercancías. La declaración obligatoria de tablas nutricionales con el desglose de valor energético, azúcares totales, grasas saturadas y sodio continuará plenamente vigente bajo el amparo de los capítulos del Código Alimentario Argentino y las resoluciones vigentes del Mercosur. El oficialismo solicitó a las comisiones del Senado otorgar un pronto tratamiento al expediente para avanzar de manera urgente hacia un modelo uniforme que estimule las inversiones y garantice la lealtad comercial.
