En un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, los legisladores debatieron un esquema de penas que oscila entre los 3 y los 15 años de cárcel para quienes atenten contra los recursos naturales.
La iniciativa, impulsada por la senadora Edith Terenzi, tiene como objetivo principal crear un régimen de formas especiales de criminalidad ambiental. Según la propuesta, se busca dotar al sistema judicial de mecanismos adecuados para investigar y prevenir fenómenos delictivos que generan un impacto severo sobre los ecosistemas y la calidad de vida de la población.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la incorporación del concepto de “ecocidio”, definido como el daño irreversible o especialmente grave provocado en violación de las normas de protección ambiental. Se considera irreversible aquel daño que imposibilite la regeneración natural del ecosistema afectado en un plazo razonable, comprometiendo así los derechos de las generaciones futuras.
Respecto a las sanciones, quienes provoquen daños especialmente graves enfrentarán entre 3 y 10 años de prisión, además de multas equivalentes a 30 salarios mínimos. Sin embargo, si el daño ambiental fuera calificado como irreversible, el castigo se endurece significativamente, alcanzando una escala de 5 a 15 años de cárcel y multas de hasta 70 salarios mínimos.
Durante el plenario, se destacó que el dictamen fue enriquecido con definiciones precisas sobre la extensión espacial del daño y el término “ambiente” de manera taxativa en el Código Penal. Estas incorporaciones pretenden ofrecer una respuesta legal contundente frente a acciones que vulneren de manera severa el derecho humano a un medio ambiente sano.
