El Poder Ejecutivo Nacional dio un paso clave en su estrategia económica al enviar este viernes a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma de la ley de Inocencia Fiscal. Firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, la iniciativa apunta a ensanchar la base tributaria del Sistema Simplificado de Ganancias para incentivar el flujo e inserción de los dólares no declarados en el sistema financiero formal.
La intención de la Casa Rosada es iniciar el debate formal en comisiones durante la primera semana de agosto para intentar lograr la sanción definitiva en el recinto antes de que finalice el mes. Sin embargo, el camino no estará exento de complejidades políticas: La Libertad Avanza cuenta con un bloque propio de 95 diputados y requerirá negociar de manera intensiva con bloques aliados —como el PRO, la UCR, Innovación Federal, Producción y Trabajo y Provincias Unidas— para alcanzar los 129 escaños necesarios que garantizan el quórum y la aprobación.
El primer test del oficialismo será firmar los dictámenes en las comisiones clave de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, que presiden los libertarios Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado.
Punto de conflicto: La inclusión de funcionarios públicos
El foco de mayor fricción política en las negociaciones parlamentarias estará centrado en la cláusula que habilita a los funcionarios públicos a incorporarse al régimen simplificado.
Fuentes legislativas anticiparon que varias bancadas colaborativas exigirán la exclusión explícita de los miembros de los tres poderes del Estado. El malestar cobró fuerza luego de conocerse que el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, se adhirió al régimen simplificado tras registrar una fuerte variación en su declaración patrimonial, un antecedente que la oposición y los aliados pretenden utilizar para delimitar los alcances del beneficio.
Claves y detalles técnicos de la reforma
El articulado presentado en el Congreso introduce modificaciones estructurales en materia tributaria, fiscalización y normativas antilavado:
1. Ampliación del Impuesto a las Ganancias
Se elimina el techo rígido actual que solo permitía el acceso al Régimen Simplificado a contribuyentes con ingresos anuales superiores a $1.000 millones y patrimonios de hasta $10.000 millones. La propuesta universaliza el esquema para que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esta vía declarativa.
2. Parámetros de Fiscalización y Discrepancia Significativa
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantendrá sus facultades de control sobre los contribuyentes de mayor envergadura patrimonial. Asimismo, el texto redefine la noción de "discrepancia significativa" para revisar las declaraciones simplificadas: esta se configurará únicamente cuando la impugnación estatal arroje un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos igual o superior al 15% respecto de lo informado originalmente por el contribuyente.
3. Operatoria financiera y prevención de lavado
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Canales obligatorios: Quienes ingresen al régimen deberán operar mediante instrumentos autorizados por el Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV), tanto en el origen como en el destino de los fondos.
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Beneficios temporales: Las sumas canalizadas bajo estos estándares mantendrán los beneficios previstos por la Ley 27.799 hasta el 31 de diciembre de 2027, con un tratamiento diferencial en el Impuesto sobre los Bienes Personales.
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Rol de la UIF: La Unidad de Información Financiera deberá adecuar sus normas para considerar la adhesión como un "antecedente favorable" en los análisis de perfil de riesgo. No obstante, el proyecto aclara que esto no exime a los bancos y entidades obligadas de efectuar los reportes de operaciones sospechosas (ROS) ni la debida diligencia sobre los clientes.
Puntos centrales del proyecto de Inocencia Fiscal
| Eje | Situación Actual | Propuesta de Reforma |
| Acceso a Ganancias Simplificado | Limitado a altos ingresos ($1.000M) y patrimonios ($10.000M) | Universal para todas las personas humanas residentes |
| Criterio de Discrepancia (ARCA) | Sin piso porcentual unificado para impugnación | Habilitado solo ante un desfasaje igual o superior al 15% |
| Marco Antilavado (UIF) | Controles convencionales de origen de fondos | La adhesión opera como antecedente favorable sin anular las diligencias |
| Plazo de beneficios | Sujeto a normativas extraordinarias | Vigencia extendida hasta el 31 de diciembre de 2027 |
