Sin embargo, el punto más polémico radica en que la propuesta permite la publicidad de los juegos de azar, diferenciándose del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados en 2024 que buscaba prohibirla por completo. Esta discrepancia obligará a la Cámara Alta a introducir cambios y devolver el texto a revisión parlamentaria.
Respecto al eje publicitario, el proyecto impone condiciones estrictas para los operadores autorizados, prohibiendo cualquier anuncio destinado a menores de edad. Las piezas de comunicación no podrán utilizar contenidos que vinculen el juego con el éxito personal, laboral o social, ni sugerir que la participación conlleva aceptación. Además, se prohíbe la promoción de alcohol o tabaco durante el desarrollo de los juegos de azar.
En el ámbito de la salud pública, la norma exige campañas de sensibilización sobre los efectos adversos del juego patológico. Las autoridades deberán recopilar estadísticas e información epidemiológica para monitorear las políticas de asistencia y rehabilitación. Estos datos permitirán identificar a los grupos vulnerables y establecer la magnitud real de la problemática en el país.
El proyecto también endurece las sanciones para el mercado clandestino con penas de tres a seis años de prisión para quienes operen plataformas ilegales. Aquellos que, con conocimiento, presten servicios financieros, tecnológicos o publicitarios a estos sitios no autorizados enfrentarán condenas de dos a cuatro años. El objetivo es erradicar la explotación y difusión de juegos de azar que no cuenten con la debida autorización jurisdiccional.
Finalmente, la iniciativa será analizada por las comisiones de Legislación General, de Salud, y de Justicia y Asuntos Penales, todas bajo conducción oficialista. El debate se anticipa complejo, dado que en instancias previas existieron diferencias marcadas entre los bloques sobre el alcance de la regulación publicitaria. El avance del dictamen dependerá de los consensos que se logren sobre estos puntos críticos del articulado.
