En las últimas tres décadas, los tribunales de Comodoro Py en Argentina acumularon 2011 expedientes relacionados con casos de corrupción que involucran a funcionarios nacionales. Sorprendentemente, el 85% de estas causas se abrieron a partir de 2013. A pesar del gran volumen, un estudio de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), basado en datos de la Corte Suprema, revela una cifra alarmante: solo el 12% de estos expedientes fueron elevados a juicio oral, la instancia crucial donde se analiza la prueba y se determina la culpabilidad o inocencia.
La lentitud del sistema judicial es evidente, con un 22% de los expedientes de la Justicia Federal aún en la etapa de instrucción, la fase inicial de la investigación. De este porcentaje, un preocupante 70% lleva más de seis años en esa etapa, desde que el fiscal impulsó la investigación. Mientras que un 23% de las causas se archivaron por sobreseimiento o porque no constituían un delito, y otro 21% se resolvió en un plazo de entre 3 y 6 años. Un ejemplo de "rapidez" fue la condena de Amado Boudou en primera instancia en 2018, seis años después de su denuncia.
Entre los casos más resonantes que sí tuvieron condena, se destacan figuras como la ex ministra María Julia Alsogaray por enriquecimiento ilícito, y Carlos Menem por contrabando de armas y los sobresueldos. Más recientemente, ex funcionarios kirchneristas como Felisa Miceli, Ricardo Jaime, Julio De Vido, Juan Pablo Schiavi, José López y Ricardo Echegaray también fueron encontrados culpables en diversas causas. La causa Vialidad, que resultó en la condena de Cristina Kirchner por defraudación, es un ejemplo de un expediente que, aunque extenso, tuvo un "trámite más rápido" que muchos otros, con una denuncia inicial en 2008 y una condena firme casi nueve años después de los procesamientos.
El panorama de los funcionarios más denunciados incluye a Cristina Kirchner con 26 expedientes y Mauricio Macri con 23. La ex presidenta enfrenta causas importantes como Hotesur-Los Sauces, Cuadernos de las Coimas (cuyo juicio oral comienza en noviembre), el Pacto con Irán (donde la Corte ordenó que se realice juicio) y la ruta del dinero K. Por su parte, Macri fue sobreseído en varias causas como escuchas ilegales y espionaje ilegal, pero aún enfrenta investigaciones por la deuda de Correo Argentino, los parques eólicos y el acuerdo con el FMI. Julio De Vido y Alberto Fernández también figuran en la lista de los más denunciados.
Este análisis subraya la persistente dificultad de la justicia argentina para avanzar y cerrar las causas de corrupción de manera expedita. La acumulación de expedientes, el estancamiento en etapas tempranas de investigación y la capacidad de mantener "cajoneadas" las causas por "tiempismo político de los jueces" resaltan la necesidad de reformas que agilicen los procesos y fortalezcan la confianza pública en la lucha contra la corrupción.
