La jueza Loretta Preska, del segundo distrito de Nueva York, emitió una orden que conmueve a la economía argentina: la República Argentina deberá entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de pago a los beneficiarios del juicio por la expropiación de la petrolera en 2012. Este fallo, que se enmarca en una condena previa de más de USD 16.000 millones, establece un plazo perentorio de 15 días para que las acciones sean transferidas a una cuenta de custodia global en el Bank of New York Mellon (BNYM) en Nueva York.
El principal beneficiario de esta medida es el fondo Burford Capital, que había solicitado el control de las acciones desde abril de 2024, buscando presionar para una negociación. La orden específica que, una vez depositadas, BNYM deberá iniciar la transferencia de los intereses de propiedad de la República en sus acciones Clase D de YPF a los demandantes o sus designados en el plazo de un día hábil.
Este dictamen es considerado "absolutamente inédito". Incluso el Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos se opuso a esta medida, respaldando la postura argentina en un escrito amicus. Fuentes con conocimiento de la causa señalaron que es "imposible que sin aprobación de Congreso se entreguen las acciones", y que Argentina apelará sin dudas, un proceso que podría extenderse por un año y medio y que podría abrir la puerta a negociaciones que el país "nunca quiso hacer" hasta ahora.
La reacción política fue inmediata. El presidente Javier Milei anticipó que el Gobierno apelará la sentencia, calificándola de un "fallo contra Kicillof". La noticia también tuvo un impacto directo en los mercados: las acciones de YPF cayeron un 7% en Wall Street tras conocerse la decisión de la jueza Preska.
La expropiación de YPF en 2012 por el gobierno kirchnerista generó una década de litigios que le costaron al país más de USD 17.000 millones. Con esta nueva orden, la petrolera deberá "vivir con el fantasma de que un día de estos una corte le diga que su propietario no es el Gobierno, sino un fondo buitre que le compre las acciones a Burford", lo que subraya la complejidad y las implicaciones a largo plazo de este conflicto judicial.
