El Gobierno nacional sostiene que el futuro de la reforma laboral impulsada por su gestión se definirá indefectiblemente en la Corte Suprema de Justicia.
La semana pasada, el oficialismo obtuvo un respiro judicial cuando la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo falló a favor del Estado. Esta decisión permitió que la reforma recuperara su plena vigencia operativa, revirtiendo la medida cautelar previa que había logrado suspender 82 artículos del proyecto sancionado en sesiones extraordinarias.
Sin embargo, la central obrera no cedió en su estrategia y este lunes recusó a los magistrados Víctor Arturo Pesino y María Dora González, pidiendo la "nulidad absoluta" de su fallo. La dirigencia cegetista argumenta que los jueces incurrieron en prejuzgamiento y que sus conductas afectan la ética procesal necesaria para resolver sobre los derechos laborales en juego.
La impugnación contra el juez Pesino es especialmente severa, ya que la CGT lo acusa de recibir un "beneficio mayúsculo" por parte del Ejecutivo al promoverse su continuidad en el cargo más allá de los 75 años. El escrito legal califica como "descalificable" que el Estado promueva la permanencia de un magistrado que acaba de fallar a favor de la posición oficial.
A pesar de estos cuestionamientos, en el entorno de Javier Milei confían en que el sindicalismo enfrentará una nueva derrota cuando el caso llegue al máximo tribunal de Justicia. El oficialismo considera que la vía judicial es el "único camino" que le queda a la CGT, pero insiste en que la palabra final la tendrá la Corte Suprema.
