El Senado aprobó este jueves el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada por 37 votos a favor y 33 en contra, en una sesión marcada por intensas negociaciones y un resultado que dejó un balance mixto para el oficialismo. La iniciativa incorpora cambios para agilizar los desalojos y limitar las expropiaciones, pero llegó al recinto sin dos de los capítulos más controvertidos que originalmente impulsaba el Gobierno.
Para conseguir el respaldo necesario, La Libertad Avanza aceptó retirar del texto las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego y, previamente, el apartado que habilitaba cambios vinculados a la venta de tierras rurales a extranjeros. Ambas propuestas encontraron resistencia entre bloques dialoguistas, legisladores provinciales y parte de la Unión Cívica Radical, lo que obligó al oficialismo a reformular el proyecto antes de la votación.
El respaldo a la ley fue construido con los votos de los 21 senadores libertarios, parte del radicalismo, representantes del PRO y legisladores provinciales. En cambio, el interbloque justicialista, Convicción Federal y otros senadores de distintas provincias rechazaron la iniciativa. En el capítulo referido a los desalojos, el apoyo se redujo a 36 votos debido a una abstención.
Durante el debate, el oficialismo defendió la propuesta al sostener que permitirá brindar mayor seguridad jurídica a los propietarios y acelerar los procesos judiciales frente a ocupaciones ilegales. Desde la oposición, en cambio, cuestionaron especialmente las modificaciones al régimen de expropiaciones y advirtieron que algunas disposiciones podrían ser incompatibles con la Constitución, además de señalar que el desarrollo económico requiere estabilidad institucional más que cambios legislativos puntuales.
Con la aprobación en la Cámara alta, el Gobierno consiguió avanzar con uno de los proyectos que consideraba prioritarios para fortalecer la protección de la propiedad privada. Sin embargo, la necesidad de eliminar dos de sus capítulos más sensibles evidenció las dificultades para construir mayorías parlamentarias y dejó en claro que el oficialismo debió negociar parte del contenido original para alcanzar la sanción.
