En la mañana de este domingo, las autoridades confirmaron el fallecimiento de Luciano Alberto Etudié (34) en el Hospital "Julio C. Perrando" de Resistencia. Se trataba del expolicía acusado de cometer el femicidio de su expareja, Graciela Mabel López, y el homicidio de su propio padre, en un violento raid registrado a comienzos de mayo.
De acuerdo con el informe oficial de la División Unidad Seguridad Hospitalaria, el deceso se produjo a las 6:30 de este 2 de agosto en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del nosocomio como consecuencia de un "shock séptico - sepsis a probable foco endovascular".
La toma de rehenes y el raid criminal
El hecho por el que estaba imputado ocurrió el pasado 5 de mayo en el ingreso a Las Tres Bocas, en la localidad de Puerto Vilelas. Según la reconstrucción de la causa, Etudié mantuvo cautivos a punta de arma de fuego a su expareja y al hijo menor que tenían en común.
Pese al despliegue de las fuerzas especiales y un mediador policial, el agente le disparó a la mujer provocándole la muerte. En ese contexto, un efectivo del Cuerpo de Operaciones Especiales (COE) repelió el ataque e hirió a Etudié en el rostro para neutralizarlo.
En paralelo a la toma de rehenes, la policía halló en Resistencia el cuerpo sin vida de su padre, Alberto Luciano Etudié. La hipótesis fiscal sostiene que el expolicía lo habría asesinado previamente para robarle el automóvil y dirigirse a buscar a la víctima del femicidio.
Complicaciones médicas y secuelas de la herida
Tras la intervención policial, el agresor había quedado internado bajo custodia por las lesiones sufridas:
-
Evolución del cuadro: El 24 de julio ingresó al Perrando con un diagnóstico de "fístula esofágica por herida de arma de fuego evolucionada".
-
Deterioro en Terapia: El 31 de julio su estado se agravó producto de una "hiponatremia severa", requiriendo asistencia mecánica respiratoria en la UTI, donde finalmente falleció en la jornada de hoy.
Apartamiento de la fuerza policial
Días antes de su deceso, el Poder Ejecutivo chaqueño instrumentó el Decreto 1690/2026 —firmado por el gobernador Leandro Zdero y el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich—, mediante el cual se dispuso su destitución de empleo con calificación de cesantía.
El sumario administrativo determinó faltas gravísimas que afectaron el honor policial y el prestigio institucional. Si bien la Jefatura de Policía había pedido su exoneración, el trámite concluyó con la cesantía provisoria mientras la causa penal, a cargo de la fiscal María Noel Benítez, avanzaba en la etapa de investigación.
