Con este fallo, el máximo tribunal ratificó que la provincia no tiene la obligación de pagar los aportes estatales y validó la clausura de su unidad educativa.
Los jueces fundamentaron su decisión en que el Ministerio de Educación actuó legítimamente dentro de sus facultades de supervisión y control. La medida administrativa se tomó tras detectar, mediante informes técnicos, diversas irregularidades de carácter administrativo, pedagógico y financiero dentro de la institución.
Uno de los puntos centrales del conflicto fue la detección de "docentes truchos" e inconsistencias graves en la documentación institucional. Estos hallazgos, sumados a presuntas malversaciones de fondos públicos, derivaron en una denuncia penal y justificaron la suspensión preventiva de los aportes por parte del Estado.
Por otro lado, el tribunal desestimó el reclamo de la fundación sobre la necesidad de una "consulta previa" a la comunidad Wichi. El STJ aclaró que la Fundación Valdocco no posee la representación formal ni directa de los pueblos originarios para exigir este tipo de procedimientos legales ante la clausura del servicio educativo.
A pesar de confirmar el cierre, el fallo enfatiza que el Estado debe garantizar la protección integral de los menores que residían en la institución. Las autoridades provinciales tienen la responsabilidad de coordinar acciones para asegurar que los niños y adolescentes mantengan sus trayectorias escolares y el acceso a derechos básicos como salud y alimentación.
