La crisis política y social en Bolivia sumó un nuevo capítulo de máxima tensión luego de que la Cámara de Diputados aprobara una ley que elimina restricciones para la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos. La medida fue impulsada en medio de una ola de protestas y bloqueos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La normativa fue aprobada con más de dos tercios de los votos y deroga la ley 1.341, conocida como “Ley Copa”, sancionada en 2020. Tras la votación, el proyecto fue enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación, otorgándole al Gobierno la posibilidad de avanzar hacia un eventual estado de excepción en todo el país.
Desde el oficialismo justificaron la decisión señalando que el objetivo es permitir un accionar más amplio del Ejército para garantizar el orden público y liberar rutas bloqueadas. Las protestas afectan principalmente el abastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos en ciudades como La Paz, El Alto y Oruro.
Bolivia atraviesa actualmente su cuarta semana consecutiva de conflictividad social. Las movilizaciones son encabezadas por la Central Obrera Boliviana, sindicatos mineros, organizaciones campesinas y agrupaciones vecinales, que intensificaron la presión contra el Gobierno nacional en distintos puntos del país.
Según reportes oficiales difundidos este martes, los bloqueos ya alcanzan unos 150 puntos en rutas bolivianas, profundizando el desabastecimiento y el aislamiento de varias regiones. El clima político continúa agravándose mientras crece la preocupación por una posible escalada institucional y militar en medio de la crisis.
