La crisis sanitaria en Venados Grandes cumplió un año de reclamos formales por el daño irreparable que genera el polvillo de una desmotadora en el centro del pueblo. Al aire de Radio Facundo Quiroga, la abogada penalista, Cecilia Carauni, describió la emergencia actual: "Realmente están pasando una situación terrible con la intoxicación". Sobre las evidencias médicas que demuestran el impacto físico en los vecinos, la profesional detalló: "Se presentaron historias clínicas de la gente de todas las enfermedades que están teniendo de la piel y los pulmones".
La causa judicial derivó en una querella penal para determinar las responsabilidades por el daño ambiental colectivo que sufren más de 300 familias. Respecto a la citación de los responsables de la firma extranjera ante la Fiscalía de Investigaciones Rurales, Carauni señaló: "Pedí que se le reciba declaración al apoderado de la desmotadora por el delito de daño ambiental colectivo que establece la ley". En relación a la peligrosa ubicación de la planta y su impacto directo en los menores, la abogada denunció: "Esa fábrica la pusieron en medio del conurbano, enfrente del CIC y enfrente de la escuela. Es una locura que no puedo entender".
El avance de la investigación choca con la falta de voluntad política de las autoridades locales y provinciales para proteger la salud pública. Acerca de la facultad del intendente de Choroti para frenar la actividad de inmediato, la letrada manifestó: "El intendente tiene toda la autoridad y autonomía para poder realizar desde el municipio el cese del desmote de la fábrica". Finalmente, sobre la polémica habilitación otorgada por la provincia a pesar de los cuadros clínicos presentados, Carauni concluyó: "Es una cuestión política porque es inconcebible que el secretario de medio ambiente dio la autorización para que sigan trabajando".
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