El Gobierno nacional oficializó la promulgación de la Ley N° 27.804, que introduce cambios profundos en el régimen de protección de glaciares y ambientes periglaciares en todo el país.
La medida fue formalizada a través del Decreto 271/2026, publicado en el Boletín Oficial, luego de su aprobación en el Congreso el pasado 8 de abril, donde obtuvo 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones.
El punto central de la reforma establece que el control y la definición de las áreas protegidas quedará ahora en manos de las provincias, que podrán fijar sus propios criterios técnicos para determinar qué zonas serán alcanzadas por la normativa.
Este cambio implica una modificación sustancial respecto al esquema anterior, ya que la ley sancionada en 2010 establecía una protección más rígida al considerar a los glaciares como bienes públicos estratégicos bajo un marco nacional.
Con la nueva normativa, aquellas áreas que no sean incluidas dentro de los criterios definidos por cada jurisdicción podrían quedar fuera del régimen específico de protección, lo que abre un nuevo escenario en materia ambiental.
La reforma introduce así un esquema descentralizado que redefine el alcance de la preservación de reservas de agua dulce, en un contexto donde estos recursos resultan clave para el equilibrio ambiental y el abastecimiento.
A partir de su promulgación, la aplicación de la ley dependerá de cómo cada provincia establezca sus parámetros, lo que podría generar diferencias en la protección de estos ecosistemas a lo largo del país.
