En el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, con asiento en Río Gallegos, comenzó el juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017. El enfoque estará puesto en las presuntas fallas y omisiones de la cadena de mando que permitieron la navegación de una nave con restricciones operativas críticas.
Los imputados en esta causa son los exjefes de la Armada Luis Enrique López Mazzeo, Claudio Javier Villamide, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa. La fiscalía les atribuye delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado, señalando que ignoraron alertas técnicas y no suspendieron la misión pese a los riesgos.
La investigación técnica bajo la lupa revela que el submarino acumulaba 26 meses de demora para su inspección obligatoria en dique seco y tenía prohibido descender a más de 100 metros. Según la hipótesis fiscal, el ingreso de agua provocó un cortocircuito y una explosión de hidrógeno que incapacitó a la tripulación, derivando en un descenso descontrolado e implosión a más de 600 metros de profundidad.
Las audiencias se desarrollarán de manera virtual y las familias de las víctimas, divididas en dos querellas, seguirán el debate desde diferentes puntos del país. Mientras un grupo de familiares confía en que el juicio aportará una reparación judicial, el otro cuestiona que el proceso se realice en Río Gallegos y no en Mar del Plata, sede natural de la fuerza de submarinos.
El tribunal, integrado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Alberto Giménez, iniciará esta semana con la lectura de las acusaciones y las declaraciones de los imputados. Tras el análisis de los peritajes y testimonios, se estima que el veredicto final sobre la mayor tragedia naval argentina de las últimas décadas se conozca a mediados de julio.
