El proyecto de Registro Provincial de Obstructores volvió a quedar pendiente en la Legislatura chaqueña tras una sesión sin quórum y espera ahora ser tratado nuevamente en el recinto. El referente de la ONG Infancias Compartidas, Alejandro Segovia, detalló en Radio Facundo Quiroga el recorrido del expediente y el nivel de consenso alcanzado en los últimos días.
Segovia explicó lo ocurrido en la última sesión al señalar: “El día miércoles se trató un solo tema referido al fondo de complejidad del INSSSEP, de ahí se levantaron todos los diputados oficialistas y dejaron sin quórum la cámara. Quedó sin tratar lo que estaba dentro del temario”. Afirmó además que el proyecto lleva un largo proceso de construcción: “Este proyecto es uno de los que mejor trabajado está dentro de todo lo que es proyecto de familia”.
El referente de la ONG destacó la labor previa que acompañó la redacción del texto: “Al presentar un proyecto hay que pedir opiniones al Colegio de Abogados, al Colegio de Psicólogos y a otras colegiaturas, que van dando sus opiniones al respecto”. También sostuvo que hubo instancias abiertas de participación: “Los conversatorios en espacios públicos permiten que la gente se acerque, se asesore y se interiorice de qué se trata, cosa que no pasa con la mayoría de los proyectos que son tratados en la Cámara”.
Segovia confirmó que el expediente volverá a tratarse esta semana: “Los diputados de todos los bloques definieron que para este miércoles 3 se vuelva a tratar; están en el número 14 del orden del día”. En ese sentido, reconoció el respaldo de distintos sectores: “Agradecer a los diputados que pusieron su disposición para consensuar, como Samuel Vargas, Bergia, Nicolás Slimel, Ayala y al bloque oficialista que acompaña”.
Por último, señaló la importancia de que la iniciativa llegue al recinto y sea aprobada: “Es una herramienta necesaria que va a formar parte de las tantas que tiene nuestra justicia provincial para evitar posibles conflictos a futuro, donde el más perjudicado es el niño o adolescente”. También aclaró quién será responsable de aplicarla: “El órgano de aplicación será el Ministerio de Justicia, porque le corresponde hacer que esta norma se cumpla”.
