El Ministerio de Justicia, a través de la Resolución 291/2025, dejó sin efecto cinco programas vinculados a políticas de género que dependían del anterior Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. La medida, oficializada el 16 de mayo de 2025 en el Boletín Oficial, se fundamenta en la necesidad de simplificar la intervención estatal, garantizar el uso eficiente de los recursos públicos y se alinea con los principios de racionalidad, eficacia y sostenibilidad.
Los programas eliminados son: el "Programa para el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata ante Casos de Violencias Extremas por Motivos de Género", el "Programa de Fortalecimiento del Acceso a Derechos para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero", el "Programa Escuelas Populares de Formación en Género y Diversidad ‘Macachas y Remedios’", el "Programa de Capacitación en Perspectiva de Género y Diversidad para el Sector Privado ‘Formar Igualdad’" y el "Programa para el Fortalecimiento de la Participación Social y Ciudadana en Materia de Género y Diversidad".
La decisión se justifica en resultados de auditorías realizadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Unidad de Auditoría Interna (UAI) del ex-Ministerio, las cuales detectaron "deficiencias en la administración de los recursos públicos asignados" y "superposición de funciones con otras dependencias del Estado". Además, se señaló una "falta de indicadores de impacto" que justifiquen la continuidad de estos programas.
El texto oficial indica que la falta de "criterios uniformes" para la evaluación dificultó la medición de resultados y la verificación de su efectividad en la mejora de la situación de los destinatarios. Asimismo, se argumenta que el funcionamiento de los programas evidenció "limitaciones para responder de manera ágil y eficaz a las demandas sociales". La supresión de estructuras de escasa eficacia o sin justificación por indicadores de impacto se considera necesaria para cumplir con los principios de eficiencia, eficacia y responsabilidad fiscal.
Finalmente, la resolución instruye a la Secretaría de Derechos Humanos, a la Unidad de Auditoría Interna y a la Subsecretaría de Gestión Administrativa a tomar las medidas necesarias para la efectiva implementación de esta disposición.
