El canciller Pablo Quirno respaldó las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei para sancionar a empresas que participen en la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas sin autorización argentina. El funcionario sostuvo que el objetivo central es impedir la explotación de recursos en la plataforma continental argentina y confirmó que se ultiman los detalles técnicos del proyecto que será enviado al Congreso.
Qué contempla la estrategia
Quirno explicó que el paquete de disposiciones fue elaborado durante varios meses y coordinado entre distintas áreas del Gabinete. La iniciativa apunta principalmente a:
- Sancionar a empresas que participen en actividades hidrocarburíferas consideradas ilícitas.
- Evitar la explotación de recursos en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado nacional.
- Impulsar un proyecto de ley que será enviado al Congreso.
- Mantener a la Cancillería como autoridad de aplicación, debido a su vínculo con la política exterior y la cuestión de soberanía.
Después de los anuncios, el canciller señaló que recibió consultas de empresas privadas y manifestó la expectativa de que países aliados acompañen la posición argentina frente a la situación en el Atlántico Sur.
El funcionario también rechazó las críticas que vincularon las medidas con una eventual estrategia para recuperar respaldo político y aseguró que la iniciativa cuenta con un amplio acompañamiento social. En ese sentido, destacó el respaldo expresado por entidades empresarias y productivas, entre ellas el Grupo de los 6, la Cámara Argentina de Comercio y la Sociedad Rural Argentina.
El respaldo y los próximos pasos
En paralelo, Quirno cuestionó a sectores de la oposición por difundir, según afirmó, una visión negativa sobre la situación económica del país. El canciller defendió el rumbo de la gestión de Milei y sostuvo que la Argentina atraviesa un proceso de transformación con perspectivas favorables para los próximos meses.
De esta manera, el Ejecutivo prepara una estrategia que combinará acciones diplomáticas, disposiciones legales y tratamiento parlamentario para intentar impedir la explotación de recursos hidrocarburíferos en la zona en disputa. El proyecto deberá completar sus aspectos técnicos antes de llegar al Congreso, donde comenzará una nueva etapa de discusión sobre las medidas anunciadas.
