El Centro de Industriales Panaderos del Chaco emitió un documento de profunda preocupación ante la crítica situación que atraviesa el sector. Esta crisis pone en riesgo un considerable número de empleos registrados y la propia supervivencia de las panaderías legalmente habilitadas en la provincia.
Entre los principales problemas que enfrentan, destacan los impagos del Estado, tanto de instituciones provinciales como municipales, que adeudan pagos por entregas ya realizadas. Esta falta de liquidez ahoga sus finanzas y les impide cumplir con obligaciones laborales, impositivas y de insumos. A esto se suma una alarmante competencia desleal de negocios informales que operan fuera de toda normativa sanitaria, laboral e impositiva, vendiendo productos a precios "irrisorios".
La combinación de la morosidad estatal y la competencia desleal genera una "asfixia económica general", haciendo la situación insostenible. Los costos de producción (harina, energía, gas, salarios, impuestos) no dejan de aumentar, mientras que su capacidad de generar ingresos se ve severamente limitada por estos factores externos. La crisis, según advierten, no es solo económica, sino que también tiene un "rostro humano y social".
De no tomarse medidas urgentes, las consecuencias serán devastadoras: se prevé una pérdida masiva de empleos registrados, el cierre de panaderías tradicionales y habilitadas (pilares de los barrios), un aumento significativo de la informalidad con el consiguiente deterioro de las condiciones laborales y la calidad de los productos, y la pérdida de una actividad económica esencial para la comunidad.
Por ello, el Centro de Industriales Panaderos exige y solicita al Estado el inmediato pago de las deudas pendientes y mecanismos para garantizar pagos oportunos. A las autoridades de control, demandan un control estricto y eficaz sobre los establecimientos informales para asegurar la competencia leal y la calidad de los alimentos. Finalmente, instan a los gobiernos provincial y nacional a un diálogo urgente para buscar soluciones conjuntas que permitan preservar las fuentes de trabajo registradas y la continuidad de un servicio básico para la población.
