Con un giro total de aproximadamente $640.000 millones, este período se posiciona como uno de los de peor desempeño desde el año 2005. La caída refleja una política de ajuste sobre los fondos discrecionales, aquellos que dependen directamente de las decisiones del Ejecutivo y no de fórmulas legales fijas como la coparticipación.
La situación se agravó particularmente en el mes de junio, cuando las transferencias totalizaron apenas $48.300 millones. Esta cifra representó una estrepitosa baja interanual del 87,7% en comparación con el mismo mes del año anterior. Según el informe de la consultora Politikon Chaco, la gran mayoría de las jurisdicciones sufrieron caídas marcadas, con casos extremos como CABA, La Rioja, Santa Cruz y Tucumán, donde los recortes superaron el 90%.
En el reparto de junio, solo tres provincias lograron cerrar con un crecimiento relativo interanual: San Luis, Jujuy y Chubut, aunque partiendo de bases comparativas muy bajas. Por el contrario, Buenos Aires, Corrientes y Santa Fe fueron los distritos que más fondos captaron ese mes, concentrando una parte significativa de los envíos. En el extremo opuesto de la tabla, provincias como La Rioja, La Pampa y Río Negro recibieron niveles de participación inferiores al 1% mensual.
Los fondos girados por la Nación se concentraron principalmente en tres programas específicos que explicaron el 69% del total mensual de junio. El programa de Universalización de la Jornada Extendida fue el de mayor peso con un 51%, seguido por el desarrollo de servicios de agua potable y las transferencias a cajas previsionales provinciales. Estas prioridades muestran un enfoque focalizado del gasto discrecional en medio de la fuerte contracción general de recursos.
Al cerrar la primera mitad del año, el acumulado muestra que Buenos Aires y CABA lideraron la captación de recursos semestrales con el 20,2% y 14,6% respectivamente. Sin embargo, el panorama general para el federalismo fiscal es crítico, ya que el semestre se ubicó como el segundo peor registro en dos décadas, superando únicamente los niveles de 2024. Este escenario confirma la profundización del ajuste en la relación económica entre la Nación y los estados subnacionales.
