La batalla legal por la ejecución patrimonial de la causa Vialidad sumó un capítulo decisivo. Veinticuatro horas después de que la Corte Suprema de Justicia ratificara de forma firme la actualización del monto del decomiso a $684.990 millones, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja para intentar bloquear la ejecución y el eventual remate de las propiedades alcanzadas por la sentencia. La misma estrategia procesal fue adoptada en paralelo por el empresario de la construcción Lázaro Báez.
El máximo tribunal del país había rechazado previamente los planteos de nulidad de las defensas y convalidó la millonaria cifra, la cual se desprende de la indexación de los $85.000 millones que originalmente había dictaminado el Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF 2).
Propiedades en la mira y la estrategia de la defensa
Con la condena penal firme por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, la discusión en los tribunales de Comodoro Py se concentra ahora exclusivamente en la etapa de ejecución de los activos.
Entre los bienes que podrían ser objeto de incautación y remate por parte del Estado nacional se encuentran:
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Departamentos y residencias a nombre de la ex mandataria ubicados en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Santa Cruz.
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Complejos hoteleros vinculados a las firmas comerciales de la familia Kirchner.
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Otros activos financieros e inmuebles cautelados en el marco de los expedientes conexos.
Frente a este escenario, la defensa técnica de la ex jefa de Estado, liderada por el abogado Carlos Beraldi, trazó una línea de contención jurídica con el objetivo de excluir del proceso los bienes pertenecientes a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. El argumento central de los letrados sostiene que no se ha presentado prueba fehaciente que demuestre que dichos activos específicos provengan de las maniobras de direccionamiento de la obra pública investigadas en Santa Cruz.
Recursos sin efecto suspensivo y disputa por el control
Pese al intento de las defensas por dilatar el proceso a través de los recursos de queja, el camino hacia la ejecución continuaría su marcha. Especialistas en derecho penal precisaron que este tipo de presentaciones no poseen efecto suspensivo automático sobre la sentencia principal. En consecuencia, la Justicia federal se encuentra habilitada para avanzar de forma paralela con las tareas de identificación, tasación oficial y los preparativos para el remate general.
Pugna por los fondos: En este contexto de liquidación de bienes, la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó formalmente intervenir en la administración y custodia de lo recaudado, bajo el precepto legal de que los activos recuperados en causas vinculadas al lavado de dinero deben quedar bajo la órbita de organismos estatales especializados.
La resolución definitiva del expediente Vialidad —que analizó las irregularidades en 51 contratos viales en el sur del país— mantiene su alta temperatura política. Mientras Cristina Kirchner insiste en que el proceso constituye un caso de persecución judicial y lawfare, desde el oficialismo nacional celebran la ratificación del decomiso histórico como un hito institucional en la lucha contra la corrupción.
