El próximo 12, 13 y 14 de agosto de 2025, Formosa será escenario de un juicio oral y público sin precedentes, calificado como un hito jurídico y ambiental. Cuatro hombres serán juzgados por haber cazado y despellejado a un yaguareté, una especie en peligro crítico de extinción y declarada Monumento Natural Nacional desde 2001. De ser hallados culpables, esta podría ser la primera vez en la historia argentina que se dicte una pena de prisión efectiva por la muerte de un animal con esta máxima categoría de protección legal. El lamentable suceso ocurrió en julio de 2024 en la zona rural de Estanislao del Campo, al sudeste de Formosa.
La indignación pública estalló cuando los propios acusados se fotografiaron junto al cuerpo del felino, colgado de una soga, y difundieron las imágenes a través de las redes sociales. El repudio social fue inmediato y masivo, proviniendo de organizaciones ambientalistas, funcionarios nacionales y provinciales, y una gran parte de la ciudadanía, quienes reclamaron justicia.
Este proceso judicial es considerado inédito no solo por la posibilidad de una condena con cumplimiento efectivo, sino también por ser la primera vez que se permite la participación de una ONG ambientalista, la Fundación Red Yaguareté, como querellante. Además, la Administración de Parques Nacionales interviene como parte activa, en línea con su nueva política institucional de involucrarse directamente en causas penales relacionadas con Monumentos Naturales. Como afirmó Nicolás Lodeiro Ocampo, director ejecutivo de Red Yaguareté, "No buscamos solo una condena. Queremos que se entienda que matar a una especie protegida puede tener consecuencias reales, incluso la cárcel".
Tres de los imputados se encuentran actualmente bajo prisión domiciliaria, luego de haber sido detenidos por Gendarmería Nacional. Ellos alegaron haber actuado para proteger su ganado, un argumento que tanto la querella como Parques Nacionales rechazan rotundamente. El yaguareté está protegido por la Ley Nacional de Fauna Nº 22.421 y convenios internacionales. Sin embargo, las penas actuales por matar fauna protegida no superan los tres años, lo que a menudo permite que las condenas se sustituyan por probation o trabajos comunitarios, razón por la cual organizaciones conservacionistas impulsan una reforma legal.
La necesidad de estas condenas ejemplares es apremiante: en Argentina sobreviven menos de 250 yaguaretés adultos, y en las provincias de Formosa y Chaco, apenas quedan unos 20 ejemplares. Las organizaciones exigen, además de condenas firmes, más controles contra la caza furtiva y políticas públicas de convivencia con la fauna silvestre. La abogada Natalia Cardozo, de Parques Nacionales, enfatizó: "Esperamos una condena ejemplar. El que caza debe pagar", mientras Lodeiro advirtió: "La ley no admite excepciones. Si no actuamos con firmeza, no queda futuro para el yaguareté".
