Mediante la Resolución 1024/2026, se confirmó que el proceso para delegar la gestión de las rutas nacionales a manos privadas sigue avanzando con firmeza. Este plan forma parte de una estrategia integral para transformar la empresa estatal Corredores Viales y alcanzar un total superior a los 9.000 kilómetros concesionados en todo el territorio argentino.
En esta tercera instancia, la licitación abarca más de 3.900 kilómetros de rutas distribuidos en ocho tramos estratégicos. Los sectores en competencia incluyen regiones clave como Cuyo, Centro Norte, Noroeste, el corredor Chaco - Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico. En total, se presentaron 22 oferentes que realizaron 50 ofertas distintas para adjudicarse la administración de estos caminos bajo el régimen de peaje.
Entre las constructoras que superaron la etapa técnica se destacan firmas como CPC, que presentó propuestas para todos los tramos disponibles. También continúan en carrera la unión transitoria de empresas conformada por José Chediack y Benito Roggio e Hijos, junto a Panedile Argentina, entre otras importantes compañías del sector. El objetivo principal es que estos nuevos concesionarios asuman la responsabilidad de la construcción, explotación, administración y el mantenimiento de los corredores.
No todas las propuestas fueron aceptadas, ya que la Comisión Evaluadora desestimó las ofertas de un consorcio integrado por las firmas Compacto S.A., Edmacar Constructora Vial S.A. y Tolcon S.A.. Según las autoridades, este grupo no logró cumplir con los requisitos económico-financieros exigidos en los pliegos de bases y condiciones. A pesar de que presentaron una impugnación, el Ministerio de Economía rechazó el planteo para mantener la igualdad de condiciones entre el resto de los participantes.
Con el filtro técnico superado, la expectativa se traslada ahora a la apertura de los sobres económicos que tendrá lugar este miércoles 22 de julio a las 09:00 horas. El acto se realizará a través del portal oficial CONTRAT.AR, donde se darán a conocer las propuestas técnicas y económicas definitivas. Este paso es fundamental para que el Ejecutivo avance en su meta de permitir explotaciones complementarias que generen ingresos adicionales en la red vial.
