En un nuevo capítulo del juicio multimillonario por la expropiación de YPF, el Estado argentino presentó una denuncia formal ante la jueza Loretta Preska en Nueva York, solicitando que reconsidere su orden de entregar correos electrónicos y chats personales de los ex ministros de Economía, Luis Caputo y Sergio Massa. Esta exigencia es parte de la etapa de "discovery" en la que Burford Capital, el principal beneficiario del fallo, busca demostrar el "alter ego" para poder embargar activos y cobrar la deuda de USD 16.000 millones.
El Gobierno argentino argumenta de manera contundente que "la República Argentina no tiene tal control sobre los dispositivos y cuentas personales de sus funcionarios". Según la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), solo se puede ordenar la producción de documentos que estén en "posesión, custodia o control" del requerido, una condición que no se cumple en este caso particular.
La defensa argentina subraya que, de acuerdo con el derecho argentino, los elementos almacenados en dispositivos y cuentas personales "son propiedad inviolable de sus titulares". Ni siquiera el propio gobierno tiene acceso a ellos, y la Constitución Argentina (artículos 17-19) y su Corte Suprema declaran dicha propiedad privada "inviolable" en ausencia de una sentencia contra el propietario individual. Los demandantes no demostraron que Argentina tenga la "capacidad práctica" para acceder a estas cuentas.
Además de la cuestión del control, Argentina presentó una segunda solicitud para aclarar o reconsiderar una orden que le impide oponerse a pedidos de "discovery" post-sentencia basándose en la irrelevancia de ciertos activos para la ejecución. La República sostiene que, conforme a precedentes de la Corte Suprema, solo puede ordenarse el "discovery" de activos potencialmente ejecutables, buscando así evitar solicitudes "irrestrictas" y "abusivas" que no conduzcan a la identificación de bienes embargables.
Finalmente, el proceso judicial se complejiza con la intervención de la ONG Republican Action for Argentina (RA4ARG), que pidió revocar el fallo y que se investigue el caso desde antes de la nacionalización. Tanto Argentina como Burford Capital expresaron preocupación de que esta intervención "demore el proceso" y lo "complejice", aunque las fuentes oficiales argentinas afirman no tener problemas con que se investigue todo lo necesario, siempre y cuando no se generen "frenos ni demoras a la defensa".
