La muerte de Thiago Altamirano, un nene de 2 años en la ciudad de Salta, desató una fuerte conmoción y abrió una investigación judicial que ya tiene detenidos a su madre y al padrastro del chico. El caso quedó bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal provincial, que espera el resultado de la autopsia para determinar con precisión las causas del fallecimiento y avanzar sobre la responsabilidad de los adultos que estaban a su cuidado.
Según la información oficial, el niño fue trasladado por su madre al hospital Papa Francisco y, por la gravedad de su cuadro, derivado de urgencia al Hospital Materno Infantil, donde ingresó sin signos vitales. La primera explicación brindada por los adultos fue que el pequeño se había caído de la cama, pero esa versión comenzó a perder fuerza cuando los médicos detectaron lesiones que no serían compatibles con un accidente doméstico y dieron intervención inmediata a la fiscalía.
A partir de ese cuadro, el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, solicitó la detención preventiva de la madre del menor y de su pareja. Además, ordenó pericias en la vivienda del barrio Convivencia, en la zona sudeste de la capital salteña, y el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense, donde se le practicará la autopsia que será determinante para establecer qué ocurrió en las horas previas a la muerte del niño.
La investigación también empezó a poner la lupa sobre el contexto familiar de Thiago. Vecinos del barrio aseguraron que en la vivienda ya se habrían registrado episodios de violencia y señalaron al padrastro como una persona agresiva, mientras que los abuelos paternos afirmaron que venían denunciando desde hace meses presuntos maltratos, descuidos y situaciones de riesgo. La familia sostiene que existieron al menos cinco presentaciones previas y reclama que se determine qué respuesta dio el sistema de protección frente a esas alertas.
En medio del dolor, la abuela paterna de Thiago aseguró que hacía unos tres meses no podían ver al nene y que la madre habría impedido el contacto con la familia del padre. También pidió que el hermano menor de la víctima, un bebé de 10 meses, quede bajo la guarda de sus abuelos paternos. Según trascendió, el niño ya se encuentra bajo resguardo estatal mientras la Justicia define su situación y analiza si existían antecedentes de vulneración de derechos dentro del grupo familiar.
Mientras avanzan las pericias, la fiscalía ordenó la toma de testimonios, el relevamiento de antecedentes y distintas medidas para reconstruir la secuencia completa del caso. La investigación deberá establecer ahora si Thiago murió como consecuencia de un hecho de violencia, si hubo omisiones previas del entorno o del Estado y qué rol tuvieron cada uno de los adultos detenidos en una causa que sacude a Salta y vuelve a poner en debate la capacidad de respuesta frente a denuncias por maltrato infantil.
