La provincia del Chaco marcó un hito sin precedentes en su sistema judicial al llevar a cabo el primer sorteo oficial de potenciales jurados pertenecientes a pueblos originarios. Este acontecimiento histórico se enmarca en la implementación del juicio por jurado originario, conforme a lo establecido en la Ley 2364-A, sancionada en 2015 y reglamentada en 2019.
La concreción de este sorteo fue posible gracias a un proceso de información y diálogo sostenido con las comunidades Qom, Wichí y Moqoit, los tres pueblos originarios reconocidos en la provincia. Su consentimiento al modelo de juicio se formalizó en la Asamblea Intercultural realizada en Juan José Castelli. La demora en la aplicación de la ley se debió a la ausencia de la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios, un derecho constitucional y establecido en tratados internacionales.
El objetivo principal de este sorteo es conformar una lista anual de ciudadanos indígenas que podrán integrar jurados en juicios penales donde el imputado y/o la víctima pertenezcan a una comunidad originaria. De esta manera, se busca establecer una administración de justicia con perspectiva intercultural, donde doce ciudadanos originarios decidirán de manera soberana la culpabilidad o inocencia de un par en casos penales graves.
El ministro de Gobierno, Jorge Gómez, destacó el carácter histórico de este avance, señalando que se hicieron cargo de una deuda pendiente. Afirmó que, a partir de este momento, los pueblos originarios contarán con una participación directa en las decisiones judiciales, desde su propia perspectiva cultural y de valores. Gómez también valoró el proceso de escucha y trabajo previo con las comunidades y referentes indígenas.
El sorteo se realizó mediante la extracción mecánica de números de dos cifras correspondientes a las dos últimas cifras del Documento Nacional de Identidad de ciudadanos indígenas incluidos en el padrón electoral vigente. Estas cifras determinaron la integración de la lista base de potenciales jurados en las circunscripciones judiciales I a VI. Este modelo busca fortalecer las garantías constitucionales y lograr una justicia más plural, pluralista y representativa, en concordancia con los estándares internacionales de derechos humanos.
