El Gobierno nacional mantiene una postura respecto a la designación de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, a pesar de la creciente posibilidad de que el Senado rechace sus pliegos. El debate en la Cámara Alta está programado para el próximo jueves 3 de abril, y las señales de la oposición apuntan a un escenario complejo para las aspiraciones del Ejecutivo.
Según declaraciones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el gobierno no tiene intención de retirar los pliegos de ambos magistrados. Francos explicó que ambos fueron designados por decreto, y García Mansilla incluso ya juró como ministro "en comisión", lo que le permitiría mantenerse en el cargo constitucionalmente hasta noviembre. Lijo, por su parte, aún no asumió su puesto.
La Constitución Nacional establece claramente en su artículo 99 que los jueces de la Corte deben ser aprobados por el Senado en una sesión pública con el voto favorable de dos tercios de los presentes. En este contexto, el Frente de Todos y parte del radicalismo han firmado despachos en la comisión de Acuerdos con la intención final de rechazar ambos nombramientos, a pesar de que formalmente puedan figurar como favorables.
El propio Ariel Lijo envió un escrito al juez Alejo Ramos Padilla, reafirmando que no renunciará a su actual cargo y manifestando su confianza en obtener la aprobación del Senado, cuyo dictamen ya es favorable. Sin embargo, la firme postura del gobierno contrasta con la resistencia que suscita la designación de ambos magistrados en el ámbito político y legislativo.
El próximo jueves 3 de abril, el Senado se convertirá en el escenario central de esta disputa de poderes, donde se definirá el futuro de los pliegos de Lijo y García Mansilla para integrar el máximo tribunal del país. La decisión que se tome tendrá implicaciones significativas para el funcionamiento de la Justicia y el equilibrio institucional.
