El conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario vuelve a escalar y suma tensión en el ámbito académico, con negociaciones abiertas y la posibilidad concreta de una nueva movilización en las próximas semanas.
En ese contexto, el Ejecutivo analiza convocar a rectores y autoridades universitarias a comienzos de mayo, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita dar respuesta al fallo judicial que obliga a cumplir con la normativa vigente.
Dentro del oficialismo reconocen dificultades para afrontar el impacto presupuestario y admiten que se trabaja en reordenar los números para avanzar en una solución, mientras se evalúan alternativas que incluyen rediscutir la ley en el Congreso o avanzar mediante un decreto.
Las tratativas no son nuevas. En febrero existió un intento de acuerdo que contemplaba una recomposición salarial parcial para docentes y no docentes, pero no logró avanzar en medio de diferencias políticas y demoras legislativas.
Mientras tanto, desde el sector universitario crece la impaciencia. Las autoridades descartan que haya existido un acuerdo concreto y reclaman definiciones ante la falta de respuestas sobre la recuperación salarial y la proyección presupuestaria para 2026.
El escenario se complejiza con la presión inflacionaria y el impacto en los costos del sistema educativo, lo que dificulta cerrar números y acelera los tiempos de negociación.
En paralelo, comienza a tomar forma una nueva movilización para los primeros días de mayo, impulsada por el malestar acumulado y el antecedente de la masiva protesta universitaria del año pasado, que aún permanece como referencia en la discusión.
Con reuniones en marcha y posiciones todavía distantes, el conflicto sigue abierto y suma capítulos, en un escenario donde el margen para evitar una nueva escalada parece cada vez más ajustado.
