Marita Ortega, titular nacional de la ONG Infancias Compartidas, habló en Radio Facundo Quiroga sobre las consecuencias profundas que generan las falsas denuncias en los conflictos familiares. “Estamos atentando contra el seno de la sociedad, que es la familia. Cuando digo familia, no hablo de biología, hablo de referentes afectivos. Esto deja huellas, esto es un trauma”, manifestó.
Ortega explicó que su organización se presentó como particular damnificado en la causa que investiga una posible asociación ilícita detrás del caso Ghisoni. “Detrás de la progenitora de los hijos de Pablo Ghisoni sabemos que hay peritos, abogados, poder político. A eso apuntamos: a que se desbarate esto”, expresó.
Sobre la problemática, destacó que no es una cuestión de género: “No solo hay padres impedidos, también hay madres. Detrás de cada papá impedido hay una abuela, una tía, una hermanita. No tenemos niños de primera y niñas de segunda. Todos los chicos tienen derecho a sus vínculos”.
Acerca de la justicia, la referente advirtió sobre una violencia institucional que perjudica a los niños. “Los chicos son escuchados entre dos años y medio o tres después del hecho denunciado. Eso es condenatorio para el niño. Si realmente sufrió un abuso merece celeridad y si no lo fue, también”, mencionó.
Para cerrar, Ortega resumió la gravedad de la situación: “Es muy grave. A veces decimos que son niños huérfanos de padres vivos. Después de 5, 6, 12 años, es muy difícil una vinculación. Por lo general no prosperan. El daño es irreparable”.
