Tras retomar la sesión que se encontraba en cuarto intermedio desde el mes pasado, el oficialismo busca obtener la media sanción para este ambicioso paquete de reformas estructurales.
El avance legislativo fue posible únicamente después de que el Gobierno decidiera eliminar el capítulo referido a la venta de tierras rurales a extranjeros. Esta marcha atrás estratégica permitió destrabar el respaldo de gobernadores y bloques dialoguistas, aunque desde el oficialismo aclararon que la reforma sobre tierras no fue descartada de manera definitiva, sino que quedó postergada hasta alcanzar un mayor consenso.
Uno de los ejes centrales del proyecto aborda el régimen de expropiaciones, estableciendo que la declaración de utilidad pública será de interpretación restrictiva y deberá identificar un fin específico. Además, se define que la indemnización solo comprenderá el valor objetivo de mercado del bien, sin tener en cuenta valores afectivos, circunstancias personales o ganancias hipotéticas.
En cuanto a los desalojos por falta de pago de alquileres, se propone un procedimiento judicial mucho más ágil y breve que el actual. La normativa estipula que el locador debe intimar fehacientemente al pago por un plazo no inferior a diez días corridos antes de iniciar la demanda, buscando acelerar la restitución del inmueble ante incumplimientos.
Finalmente, la ley busca reformar la actual Ley de Manejo del Fuego, modificando las prohibiciones para cambiar el uso de suelos tras un incendio. La propuesta intenta dinamitar restricciones vigentes que impiden realizar emprendimientos inmobiliarios o actividades agropecuarias distintas al uso previo por periodos de hasta 30 o 60 años según el tipo de terreno afectado.
