Con una votación de 40 sufragios a favor y 22 en contra, la iniciativa busca regularizar la situación con los últimos acreedores que no habían aceptado los canjes de deuda tras el default de 2001.
El acuerdo alcanzado bajo la gestión de Javier Milei incluye a las firmas Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP, estableciendo pagos de 67 y 104 millones de dólares respectivamente. El pacto contempla una quita cercana al 30% en las sumas adeudadas y define que los propios fondos de inversión deberán costear los gastos legales generados por el litigio.
La aprobación es vista como un paso estratégico para desactivar embargos que pesaban en la Justicia de Estados Unidos sobre activos soberanos, incluyendo acciones del Banco Nación y Aerolíneas Argentinas. Según los defensores de la medida, esto permitirá bajar el Riesgo País y recuperar la reputación en los mercados internacionales para obtener financiamiento a menor costo.
El debate en la Cámara alta reflejó una fuerte división política, con sectores del justicialismo advirtiendo que estos pagos premian conductas especulativas y carecen de equidad. Mientras que la oposición denunció un manejo económico deficiente, el oficialismo sostuvo que el acuerdo significa una "restauración moral" y la reinserción de Argentina en el mundo financiero.
Tras este respaldo, el proyecto deberá ser tratado por la Cámara de Diputados para convertirse definitivamente en ley. El Congreso tiene como fecha límite el 30 de junio, plazo fijado por la Justicia norteamericana para que el entendimiento económico cobre vigencia total y se extingan los litigios pendientes.
