Con apenas 117 legisladores presentes, una docena menos del mínimo requerido, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio por finalizada la sesión a las 14:31 horas.
El éxito del oficialismo radicó en una estrategia de boicot acordada con bloques aliados como el PRO, la UCR, el MID e Innovación Federal. Mediante este pacto, se dispuso abrir la comisión de Asuntos Constitucionales el próximo 30 de junio para tratar los proyectos vinculados a Adorni. Esto permite a La Libertad Avanza controlar los tiempos legislativos y evitar la obligación de dictaminar en plazos perentorios.
La oposición buscaba que el funcionario brindara explicaciones sobre su impactante incremento patrimonial y las contradicciones en sus declaraciones juradas. El diputado Nicolás del Caño señaló que Adorni confesó públicamente haber mentido en su declaración ante el fisco durante una entrevista televisiva. Para los bloques convocantes, existían motivos sobrados para avanzar en la censura debido a la falta de transparencia en la gestión del funcionario.
Tras la caída de la sesión, los bloques de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda lanzaron duras críticas contra los ausentes, tildándolos de "cómplices". El jefe de la bancada de UxP, Germán Martínez, advirtió sobre el costo institucional de estas maniobras, señalando que el oficialismo intenta "meter abajo de la alfombra" una crisis política real. Diputados como Marcela Pagano denunciaron que quienes no bajaron al recinto están avalando la corrupción.
Finalmente, el Gobierno logró blindar temporalmente al jefe de Gabinete de la obligación de asistir al Congreso para dar explicaciones. La jugada política permite al oficialismo ganar tiempo y postergar el tratamiento del tema incluso hasta después de las vacaciones de invierno. Los legisladores de la minoría advirtieron que, a pesar de la maniobra, la condena social por los hechos denunciados ya es efectiva.
