El Gobierno de la Nación reaccionó de forma "inmediata y contundente" contra la media sanción del Senado de la Provincia de Buenos Aires que habilita la reelección indefinida de legisladores. La determinación, tomada la noche del martes, invierte el esquema vigente desde 2016 que limitaba los períodos de legisladores e intendentes. Desde Casa Rosada, se calificó la iniciativa como "aberrante que se junten para perpetuarse en el poder".
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, expresó "vimos cómo la casta política votó a favor de poder ser reelegidos indefinidamente". Adorni vinculó esta decisión con el discurso del presidente Javier Milei sobre los privilegios políticos, describiendo la sesión como una muestra de "lo que es la casta" que busca "producir beneficios a título personal". Subrayó que el Ejecutivo nacional siente "mucha tristeza, con mucha bronca, con mucho repudio y con mucho asco" por lo sucedido.
El rechazo gubernamental no se limitó a la vocería. El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también criticó duramente la reforma, calificándola de "un paso atrás" y "parte de la vieja política que no quiere quedarse atrás". Francos recordó que "había sido una buena norma limitar los períodos de los legisladores para evitar la perpetuación" y remarcó la incongruencia de permitir la reelección indefinida a legisladores mientras se niega a los intendentes. Considera que existe "una casta muy fuerte en la Legislatura bonaerense".
Esta reforma se contrapone directamente al discurso del Ejecutivo nacional, que desde las últimas elecciones impulsó la "necesidad de alternancia y renovación institucional", criticando cualquier acción que fortalezca los privilegios políticos. La decisión del Senado bonaerense pone en entredicho lo que el gobierno considera un "avance institucional" establecido en 2016, reeditando prácticas atribuidas a la "casta política". Francos incluso aludió a la necesidad de una "investigación en profundidad del sistema de contrataciones y la estructura interna del poder legislativo bonaerense".
En definitiva, la Casa Rosada mantiene su línea crítica contra la acumulación de poder, viendo en esta votación una confirmación de sus denuncias sobre los "privilegios políticos". El debate público se encendió, y la postura del Gobierno subraya su compromiso con una política de "cambiar la historia" frente a la "continuidad por el camino de la decadencia".
