La reforma de la Ley de Propiedad Privada dio un paso importante en el Congreso luego de que el oficialismo alcanzara un acuerdo con sectores dialoguistas para avanzar con el tratamiento del proyecto en el Senado. La iniciativa busca flexibilizar las condiciones para la adquisición de tierras rurales por parte de inversores extranjeros.
Las negociaciones incluyeron a representantes de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y otros bloques provinciales. El entendimiento permitió destrabar diferencias que habían frenado el avance de la propuesta y abrió el camino para una sesión prevista para el 18 de junio.
Uno de los principales cambios acordados establece que las compras realizadas por Estados extranjeros, empresas vinculadas a gobiernos foráneos o aquellas ubicadas en zonas fronterizas deberán contar con aprobación del Congreso Nacional. La medida apunta a mantener controles sobre operaciones consideradas estratégicas.
Para el resto de las adquisiciones, las provincias conservarán amplias facultades para regular y autorizar las operaciones dentro de sus jurisdicciones. De esta manera, gobernadores y legislaturas provinciales tendrán un rol central en la aplicación de la normativa.
Con los consensos alcanzados, los equipos técnicos trabajarán en la redacción definitiva del dictamen antes de su llegada al recinto. El oficialismo apuesta a reunir una mayoría suficiente para aprobar la reforma, mientras sectores de la oposición mantienen fuertes cuestionamientos sobre el alcance de los cambios propuestos.
