El Gobierno Nacional habilitó a las Fuerzas Armadas a detener de forma transitoria a civiles que cometan delitos en situación de flagrancia, según anunció el ministro de Defensa, Luis Petri. La medida, conocida este domingo, apunta a reforzar el control en las fronteras y a actuar en casos de delitos evidentes, aunque generó debate por su alcance y aplicación.
Petri defendió la resolución a través de sus redes sociales: "Sí, es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de qué lado van a estar", afirmó. Además, recordó que todos los Códigos Procesales, tanto nacionales como provinciales, contemplan la posibilidad de detención en casos de flagrancia.
El funcionario también criticó las restricciones anteriores sobre el rol militar en seguridad interior. “Sólo el sesgo ideológico canceló y maniató a nuestras fuerzas”, argumentó, y comparó la decisión oficial con prácticas habituales en países vecinos y en Estados Unidos, donde las fuerzas armadas también cumplen tareas de apoyo en fronteras.
La resolución aclara que el uso de la fuerza estará estrictamente limitado: sólo podrán actuar en defensa propia o de terceros frente a agresiones inminentes que pongan en peligro la vida o el cumplimiento de su deber. Deja expresamente prohibido el uso de armas contra personas o vehículos que escapen de puestos de control, aun existiendo sospechas fundadas de ilícitos.
Con esta medida, el Gobierno busca fortalecer el control territorial en zonas sensibles, aunque persisten cuestionamientos sobre el posible impacto en los derechos civiles y el equilibrio entre seguridad y garantías constitucionales.
