Dos causas judiciales que involucran el presunto manejo irregular de fondos públicos a través de pensiones por invalidez avanzan significativamente, afectando a dos intendentes de la provincia del Chaco. Por un lado, Liliana Pascua, exintendenta de Enrique Urien, irá a juicio por cobrar una pensión por invalidez mientras era funcionaria pública. Por otro lado, Carlos Ibáñez, intendente de Taco Pozo, fue procesado por su presunta participación en una red que otorgaba pensiones nacionales por discapacidad de manera fraudulenta.
El caso de Liliana Pascua se centra en el hecho de que percibió una pensión por invalidez desde 2008 hasta 2013, alegando una incapacidad laboral del 80%. Sin embargo, entre 2009 y 2013, simultáneamente, estaba inscripta en la AFIP como monotributista bajo la categoría de "servicios personales", lo que genera una clara contradicción con su condición de incapacidad laboral. En julio de 2013, al asumir como Intendenta, solicitó la baja de la pensión, pero la controversia por la incompatibilidad previa ya existía.
A pesar de solicitar la baja de la pensión, Pascua continuó recibiendo automáticamente otros beneficios como el Programa Hogar y la Asignación Universal por Hijo, destinados a personas que perciben una pensión por invalidez. Las fuentes de la investigación sugieren que la intendenta era consciente de que estos beneficios no le correspondían, lo que implicaría una percepción indebida de fondos públicos. La jueza María Belén López Macé tomó la decisión de que Pascua enfrente un juicio por estas acciones.
En el caso de Carlos Ibáñez, la misma jueza María Belén López Macé, subrogando el juzgado Federal de Sáenz Peña, dispuso su procesamiento a instancias de la investigación del fiscal Carlos Amad. Ibáñez está imputado de los delitos de "Fraude en Perjuicio de la Administración Pública", "Incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "Asociación ilícita". El fiscal argumenta que Ibáñez, como Intendente, tenía la facultad de nombrar personal para el Centro de Atención Digital (CAD), desde donde se gestionaban las Pensiones No Contributivas (PNC), y utilizó esta estructura para facilitar el fraude al Estado.
Se señala que Ibáñez permitió la operación de una asociación ilícita en la que participaron su hija, empleados municipales y otras personas, con el objetivo de otorgar PNC de manera fraudulenta a quienes no cumplían los requisitos. El fiscal también mencionó la participación de Ibáñez en actos de proselitismo político relacionados con la entrega de las pensiones, sugiriendo un interés personal y político en el esquema fraudulento. Ambos casos resaltan la atención de la justicia sobre el manejo de los recursos destinados a la asistencia social en la provincia del Chaco.
