La Justicia Federal dio un paso clave en la investigación por presunto lavado de activos y fraude con tierras fiscales en Chaco. El fiscal federal de Sáenz Peña, Carlos Amad, solicitó y obtuvo el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil sobre el exgobernador Jorge Capitanich, sus hijas Jorgelina y Guillermina, y otros ex funcionarios vinculados a la causa. Esta medida busca intensificar la pesquisa iniciada a partir de una denuncia por supuestas irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales.
En el marco de esta etapa de la investigación, se libraron oficios a organismos clave como la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El requerimiento al BCRA solicita un detalle pormenorizado de cuentas bancarias, productos financieros y movimientos de fondos desde 2020 hasta la actualidad. A la UIF se le pidió informar si existen reportes de operaciones sospechosas (ROS) o informes de inteligencia interna que vinculen a los involucrados. La intención es detectar movimientos financieros anómalos y cruzarlos con las declaraciones juradas.
La hipótesis fiscal que motiva estas acciones gira en torno a un esquema de fraude en perjuicio de la Administración Pública, lavado de activos agravado, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos. Un requerimiento previo del fiscal Amad ya señalaba una supuesta manipulación sistemática en la adjudicación de tierras fiscales y el otorgamiento discrecional de subsidios, beneficiando a empresas vinculadas a funcionarios y sus familiares.
Entre las pruebas ya consideradas figuran documentación oficial, registros societarios y declaraciones juradas, pero especialmente movimientos bancarios que mostrarían inconsistencias entre los ingresos declarados y los fondos efectivamente acreditados. La instrucción judicial avanza analizando esta información financiera y patrimonial para determinar si existieron maniobras de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y desvío de fondos públicos, posiblemente a través de empresas pantalla y testaferros.
Con el levantamiento del secreto bancario y fiscal ya autorizado, la Justicia espera que la UIF y el BCRA remitan en los próximos días los primeros informes. Esta información es considerada fundamental para profundizar en el análisis financiero de los imputados y avanzar en la causa, que busca desentrañar la supuesta trama de corrupción que afectó a tierras y fondos públicos.
