La Justicia Federal en Chaco intensificó sus acciones contra delitos económicos y financieros en las últimas horas, con procedimientos y decisiones de alto impacto. Bajo la órbita del fiscal federal Patricio Sabadini y la jueza Zunilda Niremperger, dos investigaciones simultáneas pusieron la lupa sobre presuntas maniobras ilícitas que involucran desde empresarios hasta dirigentes sociales.
En el marco de una causa por "asociación ilícita fiscal y otros delitos", Fernando Adrián Ayala fue detenido este mediodía. La policía allanó su domicilio y dos locales comerciales donde funcionaban las peluquerías "Brilla Mujer", negocios que compartía con su esposa, María José Reinau, quien también se encuentra implicada. Durante los procedimientos, se incautaron una importante cantidad de bienes, incluyendo dos camionetas, cuatro teléfonos celulares, cinco dispositivos posnet, dos computadoras, 44 tarjetas de crédito y billeteras virtuales, además de efectivo en pesos y guaraníes.
Por otro lado, la jueza federal Niremperger ordenó el procesamiento y detención en la U7 de cuatro dirigentes piqueteros, tras una investigación por lavado de activos. Entre ellos se encuentra Lucas Torales, figura central de esta causa, junto a Juan Carlos Rolón, Diego Rolón y Marcos Cáceres. La investigación, liderada por el fiscal Sabadini, analizó a fondo el patrimonio y estilo de vida de Lucas Torales.
El informe fiscal determinó una desproporción sustancial entre los ingresos declarados por el grupo familiar Torales (Lucas, su hermano Marcos y su padre José de Jesús) y sus gastos y adquisiciones, revelando un incremento patrimonial injustificado estimado en más de $147 millones. Este enriquecimiento coincidiría temporalmente con un notable aumento de ingresos percibidos por fundaciones y cooperativas vinculadas al grupo en 2023. A pesar de declarar ser monotributista o incluso desocupado, Lucas Torales llevaba una vida de lujos, con múltiples vehículos de alta gama (algunos registrados a nombre de terceros), viajes frecuentes al extranjero (principalmente a Paraguay) y millonarias acreditaciones bancarias, elementos que según los informes policiales y fiscales, no se justifican con ingresos legítimos.
Estos casos, ambos bajo la jurisdicción del Juzgado Federal de Resistencia y con la intervención de los mismos magistrados, evidencian la acción de la Justicia Federal en Chaco para investigar y desarticular presuntas redes de ilícitos financieros, poniendo de manifiesto el contraste entre las actividades declaradas y el elevado nivel de vida o manejo de activos de los involucrados. Ambas investigaciones continúan en curso.
