El Gobierno nacional se prepara para una reestructuración profunda del sistema estatal de transporte y tránsito. Antes del 8 de julio de 2025, publicará un decreto que disolverá la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), junto con otros organismos esenciales como la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. Esta medida, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, busca "reasignar funciones hoy superpuestas" para concentrarlas en menos estructuras y reducir el gasto del Estado.
Entre los cambios más significativos, la Gendarmería Nacional asumirá el control del tránsito en rutas nacionales, pasos internacionales y Áreas de Control Integrado (ACI). Esta fuerza de seguridad se encargará de la prevención, fiscalización y control de infracciones de tránsito terrestre en todo el país. Fuentes oficiales justifican esta decisión por la estructura operativa y experiencia previa de la Gendarmería, que la habilitan para este rol estratégico, actualmente compartido entre la ANSV y la CNRT.
En cuanto a la Dirección Nacional de Vialidad, el decreto establecerá su disolución. Sus recursos humanos, financieros y técnicos serán transferidos al Ministerio de Economía o al organismo que este designe. Dicha cartera ministerial se encargará, de ahora en adelante, de otorgar concesiones de obras de infraestructura vial y del mantenimiento del sistema troncal de caminos nacionales. Se preservará la planta de trabajadores en sus actuales cargos de manera transitoria, aunque con posibilidad de reestructuración futura.
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), encargada de la fiscalización de operadores automotores y ferroviarios, también será desmantelada. Varias de sus funciones ya habían sido absorbidas por la Subsecretaría de Transporte Automotor desde 2019. Finalmente, la Junta de Seguridad en el Transporte dejará de investigar accidentes automotores y se renombrará como Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, enfocándose exclusivamente en la aviación civil.
Este decreto representa una de las reformas más ambiciosas del Poder Ejecutivo en materia de transporte. La medida se alinea directamente con el plan de desburocratización del Estado que impulsa el Gobierno, buscando eficiencia y concentración de funciones en un esfuerzo por reducir el tamaño y el gasto público.
