La Justicia de la provincia de Buenos Aires ordenó la suspensión preventiva por 60 días de la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en el territorio bonaerense. La medida fue dispuesta por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, tras hacer lugar a un habeas corpus colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de su libertad. Durante este plazo de dos meses, las autoridades provinciales deberán evaluar la capacidad de la infraestructura local para adaptarse a las exigencias del marco normativo nacional.
El dictamen judicial se conoció apenas 48 horas después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, la cual redujo la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años y fijó nuevas condiciones para la persecución penal y encarcelamiento de menores de 14 y 15 años que cometan delitos contemplados en el Código Penal. La resolución impone un freno temporal a la normativa en la jurisdicción con mayor densidad poblacional del país, generando una inmediata controversia entre las autoridades judiciales y el Poder Ejecutivo.
En sus fundamentos, la magistrada advirtió que el sistema de responsabilidad penal provincial carece de la capacidad institucional, las condiciones edilicias y los recursos profesionales necesarios para absorber el incremento de detenciones y el alargamiento de los plazos de prisión preventiva o condena que provocará el nuevo régimen. Pascual respaldó su decisión en el principio precautorio del derecho constitucional, sosteniendo que el Poder Judicial debe intervenir de forma anticipada cuando existen indicios claros de una potencial sobrepoblación e inminente vulneración de derechos fundamentales en los institutos de menores.
La cautelar abre una etapa de revisión técnica y logística entre el Ministerio de Justicia bonaerense y los tribunales de fuero juvenil. Mientras el Ejecutivo nacional impulsa el estricto cumplimiento del marco legal en todo el territorio argentino, el fallo bonaerense sienta un fuerte precedente respecto del déficit de plazas y la falta de presupuesto edilicio para la puesta en marcha efectiva de las reformas penales en el ámbito provincial.
