La mira de la Casa Rosada está puesta sobre el ingreso, la gestión y la posterior salida del Grupo Petersen de la petrolera estatal YPF.
Para avanzar en esta estrategia, funcionarios de primera línea de la administración nacional mantuvieron reuniones confidenciales con representantes del gobierno estadounidense. El propósito es que el Departamento de Justicia de ese país abra una causa penal centrada en la compra del 25% de las acciones de la compañía durante el kirchnerismo, bajo la sospecha de presuntas irregularidades o actos de corrupción.
La jugada jurídica resulta clave para el Estado argentino, ya que una denuncia exitosa que demuestre un origen fraudulento en dicha adquisición serviría como argumento de peso. De esta manera, el país buscará congelar o anular definitivamente las demandas civiles multimillonarias que pesan en su contra en los tribunales de Nueva York.
Esta ofensiva se concreta en un escenario de litigio internacional que se ha vuelto más favorable para la defensa argentina. Esto ocurre luego de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocara un fallo previo que obligaba al país a pagar una cifra superior a los 16.000 millones de dólares por la estatización de la petrolera de bandera.
La estrategia oficial cuenta además con un respaldo previo en Washington, dado que el propio Departamento de Justicia estadounidense ya había emitido un memorándum al respecto. En ese documento, el organismo apoyaba las solicitudes de diversas organizaciones civiles argentinas para investigar las supuestas anomalías cometidas en la compra de las acciones de YPF.
