El Gobierno nacional avanzó en una nueva fase de su plan de desregulación del comercio interior al eliminar un total de 58 resoluciones y disposiciones administrativas. Según las autoridades, se trataba de regulaciones que habían quedado desactualizadas o generaban ambigüedades jurídicas innecesarias.
Dentro del paquete de medidas, se destaca la derogación de unas 30 disposiciones vinculadas a los programas Ahora 12 y Cuota Simple. Si bien estas herramientas de fomento al consumo ya no estaban operativas —Cuota Simple finalizó oficialmente en junio de 2025—, su vigencia normativa complicaba el marco legal para empresas y ciudadanos. El Ejecutivo argumentó que la acumulación de estos reglamentos dificultaba determinar con claridad qué leyes seguían rigiendo en el país.
La "limpieza" administrativa también incluyó la eliminación definitiva de disposiciones complementarias de Precios Cuidados, el esquema de acuerdos de precios nacido en 2014. Desde el oficialismo explicaron que muchas de estas reglas se apoyaban en leyes que ya fueron suprimidas, como la Ley de Góndolas y la Ley de Abastecimiento. De esta manera, se busca limpiar el escenario jurídico de normas creadas bajo marcos legales que hoy son inexistentes.
Este movimiento forma parte de una estrategia más amplia de desburocratización impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. El próximo objetivo central es el avance en el Senado de la denominada "Ley Hojarasca", un proyecto que pretende modificar o eliminar más de 70 normativas vigentes. La meta final es simplificar los procedimientos administrativos y otorgar mayor previsibilidad a toda la actividad económica nacional.
A pesar de la simplificación normativa, especialistas y sectores opositores analizan con atención cómo la quita de estas herramientas de intervención impactará en el bolsillo de los consumidores. Tras el fin de los planes de cuotas estatales, el financiamiento quedó supeditado a promociones privadas de bancos y billeteras virtuales. Sin embargo, el contexto actual de tasas elevadas continúa limitando la expansión de estos mecanismos de pago, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.
