Familiares de un paciente fallecido de apellido García declararon ante la fiscalía, aportando pruebas clave sobre la atención que el hombre recibió antes de morir. Actualmente, la mujer ya enfrenta investigaciones formales por dos casos de homicidio y una causa por lesiones gravísimas vinculada a la amputación de la extremidad de un joven en Quitilipi.
En un duro revés para la estrategia de la defensa, el Juzgado de Garantías rechazó un recurso de hábeas corpus que buscaba evitar el traslado de la acusada hacia la ciudad de Resistencia. La magistratura fundamentó su decisión en que el planteo no cumplió con los pasos administrativos previos ante la fiscalía de instrucción. De esta manera, la justicia avaló que la imputada permanezca a disposición inmediata de los fiscales que lideran las tres investigaciones principales en la capital provincial.
En paralelo al avance judicial, familiares y allegados de las víctimas lanzaron una campaña en redes sociales para identificar a más personas damnificadas por el accionar de Ojeda. El pedido se centra especialmente en familias de pacientes que fueron atendidos por la mujer en el Hospital de Quitilipi y que posteriormente fallecieron. El mensaje difundido reclama "verdad, justicia y reparación", mencionando específicamente los nombres de Lorenzo, Mario y Germán como víctimas del engaño.
El caso genera una fuerte alerta en el Ministerio de Salud y el Colegio de Médicos debido a la facilidad con la que la mujer lograba burlar los controles institucionales. Peritos informáticos analizan actualmente las agendas de turnos y las comunicaciones de la acusada para determinar si existen más víctimas que aún no se animaron a denunciar. Mientras tanto, el equipo legal de Ojeda intenta discutir la competencia territorial del tribunal para frenar el avance de los expedientes.
La próxima semana será determinante para resolver los planteos de incompetencia y avanzar hacia imputaciones más severas, como el pedido de las familias de aplicar la figura de homicidio simple con dolo eventual. Los allegados de los fallecidos sostienen que no se trató de un error profesional, sino de un delito deliberado que rompió la confianza pública. Por el momento, la justicia mantiene a la mujer detenida bajo custodia para asegurar la transparencia de todo el proceso.
