La Cámara de Diputados fue escenario de un giro crucial en el escándalo $LIBRA, que tiene al presidente Javier Milei en el centro de la escena. La oposición logró un avance fundamental para destrabar el funcionamiento de la comisión investigadora que llevaba meses paralizada. El bloqueo se había profundizado debido a lo que se describen como maniobras dilatorias por parte del bloque La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados, buscando impedir el inicio formal de la investigación.
El decisivo dictamen de mayoría fue firmado por 38 diputados sobre un total de 66 votos en el plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento. Los bloques que impulsaron esta resolución fueron Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica. En contraposición, LLA firmó un dictamen de rechazo, mientras que otros aliados del oficialismo optaron por no firmar ninguna resolución.
La iniciativa opositora, principalmente impulsada por el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, modifica la reglamentación para establecer un mecanismo claro que desempatará la elección de autoridades. Según el nuevo texto, la presidencia será ocupada por el candidato que cuente con el respaldo de los bloques que representen la mayor cantidad de diputados en la Cámara baja. Controlar la presidencia es clave, ya que el titular de la comisión posee voto doble en caso de empate y es quien fija la agenda de trabajo, un punto que había mantenido la comisión paralizada con empates de 14 a 14.
El caso $LIBRA involucra acusaciones sobre el uso de la cuenta de la red social "X" del presidente Milei para difundir información falsa y realizar maniobras con criptomonedas. Con el dictamen listo, la oposición planea llevarlo al recinto la próxima semana, posiblemente el 20 de agosto, con el objetivo de poner en marcha la comisión. De ser aprobado, la investigación tendrá un plazo de tres meses para indagar y un mes adicional para emitir el dictamen final, con fecha límite del 10 de noviembre. Además, la comisión podrá convocar testigos y solicitar documentación clave para esclarecer el entramado del escándalo.
Esta resolución no es solo un detalle administrativo, sino un duro revés para el gobierno de Javier Milei y un paso fundamental para que el Congreso ejerza su función de control sobre el Ejecutivo, algo que resulta "muy incómodo" para el gobierno. La puesta en marcha de esta investigación se suma a la tensión política del año electoral, ya que coincidirá con la campaña nacional.
