El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley que propone una profunda reforma del sistema de pensiones no contributivas por invalidez, centrada en cambios normativos, sustituciones de artículos y derogaciones de leyes vigentes. La iniciativa busca redefinir el alcance del beneficio, ajustar criterios de acceso y reorganizar el esquema legal que regula estas prestaciones.
Entre los principales puntos, se plantea la modificación del artículo 9° de la Ley N° 13.478, con el objetivo de corregir el impacto que tuvieron cambios recientes sobre el sistema de pensiones, especialmente en la ampliación del universo de beneficiarios. Según el texto, estas modificaciones previas alteraron el enfoque tradicional basado en la invalidez laboral y ampliaron los criterios sin contemplar adecuadamente los recursos disponibles.
Además, el proyecto propone modificar los artículos 7° y 7° bis de la Ley N° 24.901, incorporados durante la emergencia en discapacidad, con el fin de reorganizar el funcionamiento del sistema de prestaciones y su aplicación en las distintas jurisdicciones del país. En este sentido, se habilita la firma de convenios con provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para descentralizar la gestión y establecer esquemas de financiamiento tanto para beneficiarios actuales como futuros.
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la sustitución de varios artículos de la Ley N° 27.793. En concreto, se propone reemplazar los artículos 4°, 6°, 7°, 13 y 16, con nuevas disposiciones que contemplen tanto las necesidades del sistema como los recursos estatales disponibles. Estos cambios buscan adecuar la normativa a un esquema considerado más sostenible y controlado.
En paralelo, el proyecto establece la derogación de los artículos 5°, 8°, 9°, 14 y 20 de esa misma ley, eliminando disposiciones que, según el Ejecutivo, generaron distorsiones en la asignación de beneficios. Como consecuencia, también se restituye la vigencia de normas anteriores que habían sido desplazadas por la legislación de emergencia.
Por último, se incorpora una modificación del artículo 19 para definir con mayor precisión cómo se financiará el sistema, introduciendo criterios vinculados al costo fiscal y la disponibilidad de recursos. El objetivo general de la reforma es reordenar el marco legal vigente, fortalecer los controles y garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones por invalidez a largo plazo.
