Este mes los docentes no percibirán la cláusula gatillo en sus salarios. Se trata de una bonificación acordada entre gremios del sector y el Gobierno, que venían reclamando los trabajadores de la Educación. Esta bonificación se guía por el índice de inflación que difunde el Indec, ante la falta de anuncios por parte del Ejecutivo.
La cláusula gatillo es una herramienta crucial cuya función principal es proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, previniendo que la inflación degrade sus salarios y su capacidad de compra. Según el Indec, el NEA registró una inflación del 1.1% en junio, mientras que a nivel nacional el número fue del 1.6%.
A pesar de los reclamos y la inflación registrada, esta bonificación no se abonará con el pago de los salarios de este mes a los docentes. Este hecho marca un punto de tensión en la relación entre los trabajadores de la educación y el Gobierno provincial.
El Gobierno de Chaco confirmó la suspensión de los aumentos salariales y la aplicación de la cláusula gatillo para el sector público provincial. Esta drástica decisión se fundamenta en un "duro escenario económico provincial" y una "mega deuda" heredada de las gestiones anteriores, sumado al estancamiento de la coparticipación.
Desde el ministerio de finanzas calificaron de "acto de irresponsabilidad" proponer aumentos en este contexto, ya que afectarían directamente el pago de sueldos y las prestaciones esenciales. Se estima que con esta medida, la provincia ahorrará 4.500 millones de pesos, los cuales serán destinados a garantizar el pago de salarios y servicios vitales, como la compra de medicamentos oncológicos. Afirman que pagar los aumentos implicaría "dejar de comprar medicamentos oncológicos, entre otras cosas".
La provincia enfrenta una caída del 5% en términos reales de la coparticipación, su principal fuente de ingresos, y las proyecciones no indican un incremento en los ingresos próximos. Aunque el gobierno destaca haber realizado una recomposición salarial desde diciembre de 2023 cuando otras provincias no lo hacían, y haber asumido numerosas deudas de la gestión anterior, la situación actual exige una "pausa hasta que mejoren las proyecciones". El Gobierno sostiene un criterio de "absoluta responsabilidad" para mantener el orden fiscal.
