El frágil acuerdo entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los empresarios del transporte público de pasajeros del área metropolitana se encuentra nuevamente en una situación crítica y será puesto a prueba esta semana. Miles de usuarios se mantienen en vilo ante la incertidumbre de posibles medidas de fuerza, reviviendo las imágenes de paradas vacías producto de anteriores conflictos. La expectativa de una solución de fondo para esta problemática parece, por el momento, lejana.
La principal razón de esta tensión radica en el pendiente de pago del 25% de los salarios a los trabajadores de la UTA, para el cual se esperan propuestas por parte de los empresarios. A esto se suma el vencimiento de plazos para nuevos desembolsos, específicamente una suma no remunerativa que debería abonarse el día 20. Esta doble presión financiera pone en riesgo la continuidad del acuerdo que había suspendido medidas de fuerza previas.
Desde el sector empresarial, se responsabilizó al gobierno por las dificultades en el pago de los sueldos, alegando una demora en la transferencia de los fondos correspondientes a los "atributos SUBE". Por su parte, el Ejecutivo provincial no confirmó ni desmintió esta versión, manteniendo su postura de que los recursos destinados al transporte alcanzan el máximo posible y que los problemas salariales deben resolverse entre las empresas y los trabajadores.
Ante este panorama, comienza una cuenta regresiva para determinar si las empresas podrán cumplir con sus obligaciones salariales y evitar así una nueva escalada en el conflicto. Los usuarios del transporte público del área metropolitana observan con preocupación el desarrollo de esta situación, temiendo nuevas interrupciones en el servicio.
